La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Para el Gobierno existe en el sector «una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada».
El Gobierno nacional declaró la «emergencia del sector energético nacional» hasta el 31 de diciembre de 2024, y estableció el comienzo del estudio de readecuación tarifaria interviniendo los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas).
La medida fue oficializada este lunes a través del Boletín Oficial mediante el DNU 55/2023, el cual sostiene que existe «una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada».
Por tanto, el DNU declara en su artículo 1 «la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural».
La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven «tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024», según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.
En su articulo Nº 2 se decreta que «la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios».
En tanto el articulo Nº 3 da «inicio de la revisión tarifaria» correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de «transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural», y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes «no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024».
Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas «realizar los procesos de revisión tarifaria» y «evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones» y eventuales anomalías.
En sus fundamentos el texto sostiene que «la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación».
«Por ello, resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscritos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes», aseguran.
